La trazabilidad del mineral, la planificación de permisos y los controles de seguridad son condiciones clave para ejecutar proyectos, señalan docentes de la Universidad Continental.
Huancayo, octubre de 2026. — Un informe del Instituto Peruano de Economía identificó a Michiquillay, en Cajamarca, y a Los Chancas y Haquira, en Apurímac, entre los proyectos demorados por la presencia de minería ilegal, con una afectación conjunta que supera los US $12,000 millones. El caso pone sobre la mesa una pregunta para la minería formal: qué condiciones necesita un proyecto para pasar de la planificación a una operación segura y sostenida.
El Ministerio de Energía y Minas registra para 2026 una cartera de 66 proyectos en 19 departamentos, con una inversión estimada de US$ 64,075 millones. Marco Carhuaz Chávez y Luis Paolo Mendiola Soberón, docentes de la Maestría en Gestión de la Minería de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, analizan dos partes de ese desafío: el control del origen del mineral y los riesgos de la operación, y la planificación de permisos y acceso al territorio.
Carhuaz señala que el crecimiento de la minería sin controles técnicos no es un problema aislado de las zonas donde opera la informalidad. Se traslada a toda la industria a través de un mayor escrutinio de los mercados internacionales, exigencias más altas de los compradores y mayor dificultad para atraer inversión responsable. También debilita la licencia social de las operaciones formales, porque la población y los mercados tienden a generalizar, y el mal desempeño de unos termina afectando a quienes sí cumplen las reglas. Para Carhuaz, la presencia de minería ilegal alrededor de un proyecto también puede generar riesgos de reputación y confianza que dificultan su avance.
Una de las dificultades que Carhuaz identifica es la falta de trazabilidad del mineral. Mientras no exista claridad sobre el origen de lo que se comercializa, sobre todo del oro, será difícil reducir ese riesgo. Por eso plantea, como prioridad inmediata, implementar un sistema eficaz de trazabilidad, facilitar la formalización de quienes están dispuestos a cumplir los estándares, fiscalizar con firmeza a quienes no lo hacen y reducir las barreras burocráticas que hoy hacen más costoso ser formal que informal. A largo plazo, sostiene que el país necesita una política de Estado sostenida: estándares mínimos verificables de seguridad, ambientales y sociales que se apliquen a toda la industria, incluida la pequeña minería y la minería artesanal, junto con mayor capacidad técnica de fiscalización.
La planificación de un proyecto empieza antes de solicitar cualquier permiso. Mendiola señala que lo que suele subestimarse en esta etapa es alinear la realidad social del terreno (el acceso a tierras y las autorizaciones de ingreso o desarrollo de trabajos) con los plazos y los objetivos operativos del proyecto. Los permisos no necesariamente avanzan al mismo ritmo que esos plazos, ni que la capacidad real de acceso, adquisición o desarrollo del negocio frente a los propietarios o poseedores superficiales.
Para evitarlo, plantea que el equipo del proyecto conozca la realidad del terreno no solo con información de gabinete, sino contrastada en campo: presencia de poseedores, problemas limítrofes y otros factores que solo se verifican de esa forma. Sin esa visión real, es común que un proyecto se evalúe únicamente por su potencial geológico o económico sin verificar el estado en campo de las comunidades, lo que termina presentando como viables proyectos que, en la práctica actual, no lo son. El análisis de viabilidad de un proyecto minero, insiste, tiene que ser integral y multidisciplinario, con un componente social relevante.
El desafío no termina cuando el proyecto entra en operación. Carhuaz advierte que uno de los momentos de mayor riesgo suele ser la transición entre la construcción y el inicio de la producción, cuando los sistemas de control todavía no están completamente consolidados y la presión por cumplir las primeras metas puede llevar a relajarlos justo cuando más se necesitan. Tres decisiones de gestión marcan la diferencia en esa etapa: que la línea de mando, no solo el área de seguridad asuma como propios los controles operativos; que se identifiquen y controlen de forma permanente los peligros de mayor potencial, como el movimiento de equipos pesados o los trabajos en altura; y que las empresas verifiquen el desempeño real de sus contratistas en el terreno, más allá de los documentos que presentan al incorporarse.
Carhuaz señala que atender estos riesgos exige trabajar desde la trazabilidad del mineral hasta la fiscalización y el cumplimiento de estándares mínimos. Mendiola añade que esa preparación debe partir de un conocimiento real del territorio. Ambos coinciden en que la coordinación entre el Estado, las empresas y las comunidades es necesaria para que los proyectos avancen y puedan sostener sus operaciones.
Acerca de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental
La Escuela de Posgrado de la Universidad Continental contribuye a la formación de los profesionales del sector con la Maestría en Gestión de la Minería, la Maestría en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y la Maestría en Gestión del Mantenimiento. Estos programas permiten fortalecer capacidades para dirigir operaciones, gestionar riesgos y mejorar el desempeño de los equipos y procesos.
A esta formación se suman el Programa de Especialización en Derecho Minero, el Programa de Especialización en BIM Aplicado a Proyectos Mineros, el Programa de Especialización en Geomecánica y Geotecnia para Minería (Subterránea y Superficial) y en Obras Civiles y el Programa de Especialización en Gestión del Mantenimiento. Los profesionales pueden conocer los contenidos y las próximas fechas de inicio en posgrado.ucontinental.edu.pe.
